"Un paso adelante y varios hacia atrás"
Javier Martín Reyes / PxM.*
En recientes artículos publicados en este espacio, Estephanie Chaidez, Luis Andrés Giménez Cacho y Emiliano Rosales llaman a hacer frente a uno de los grandes pendientes de democracia mexicana: la construcción de una ciudadanía activa y participativa. Con diferentes matices, en estos tres textos se nos invita a dar paso adelante que nos permita ir más allá de las reglas e instituciones de la democracia formal. Sus ideas son sencillas pero poderosas: hacer que los ciudadanos se entiendan como responsables de su bienestar, incrementar la rendición de cuentas y poner al ciudadano en el centro de la política. Aunque comparto muchas de las ideas expuestas por estos autores, en este artículo quisiera abordar otro elemento esencial para la consolidación de nuestra democracia: la defensa ciudadana de las instituciones que nos hemos dado para garantizar nuestros derechos.
Es cierto que se ha repetido (a veces hasta el cansancio) que uno de los grandes logros democráticos ha sido la construcción de instituciones autónomas. Sin embargo, los recientes nombramientos en muchas de estas instituciones—que antes veíamos como orgullo de la transición—nos recuerdan que, en la defensa de los derechos, no avanzar significa un retroceso. Pareciere que se nos ha olvidado que las instituciones de la democracia no han sido concesiones graciosas del poder y que, por tanto, su conservación tampoco lo será. También parece que hemos olvidado que las instituciones no son maquinarias ajenas a quienes las integran y conducen.
O nos hemos equivocado de camino o no hemos hecho lo necesario como ciudadanía organizada. El hecho es que no hemos construido un contexto de exigencia pública lo suficientemente fuerte para evitar que impere la lógica de las cuotas partidistas en el nombramiento de los titulares de instituciones tan importantes como CONAPRED, el IFAI y la CNDH. Las (tristes) consecuencias están a la vista.
Calderón decidió colocar al frente de la CONAPRED a Perla Bustamante, una atleta que carece de cualquier mérito o trayectoria en la lucha contra la discriminación. Entre otras cosas, la señora Bustamante piensa que los crímenes de odio son “por noviazgos que terminan mal” y la discriminación se da porque “la gente se viste en fachas.” El Presidente nombró y el Senado decidió no objetar a Sigrid Artz como comisionada del IFAI. Con una experiencia prácticamente nula en materia de transparencia, Artz proviene, paradójicamente, de una de las áreas más opacas de la administración pública—seguridad nacional—y parece no tener mayor mérito que pertenecer al círculo de leales al presidente Calderón. Hace sólo unas cuantas semanas los senadores del PAN y PRI nombraron a Raúl Plascencia como Presidente de la CNDH. Con esta decisión, los legisladores avalaron y, de alguna manera, extendieron la lamentable gestión José Luis Soberanes al frente de la comisión.
El siguiente paso—tan lamentablemente predecible como indeseable—de esta tendencia sería el nombramiento de Jorge Adame Goddard como ministro de la SCJN. Miguel Ángel Granados Chapa ayer recuperaba algunas citas que muestran el conservadurismo de quien muy probablemente ocupe el lugar del aún ministro Góngora Pimentel. Además de soñar sistemas políticos sin diputados, senadores o partidos políticos, al nominado a la SCJN le parece horrible la idea de un estado laico, respetuoso de todas las religiones. En un artículo publicado hace dos años, el Dr. Adame Goddard responde negativamente a una pregunta que él mismo se formula: ¿es deseable un estado laico para un pueblo religioso? En sus palabras, “no es deseable un Estado, llámese laico o neutral, que aunque no obstaculice la vida religiosa del pueblo se desentienda de ella, como si pudiera decidir que el bien religioso, que el pueblo vive y quiere, es irrelevante.”[1] Creo que no hay mucho que añadir.
Ante la inminencia de los nombramientos, naturalmente surge una pregunta: ¿qué hacer para que los mejores ocupen los puestos (o, al menos, para que los peores no sean los elegidos)? Y la respuesta suele ser algo así como: “no mucho, sólo esperar a que nuestros representantes actúen con responsabilidad, anteponiendo el interés general sobre el particular.” Me parece que en este tipo de respuestas radica nuestra debilidad como ciudadanía. Olvidamos que la esencia de la participación ciudadana es influir y modelar el comportamiento de las instituciones del Estado; y en el momento que se nombrara a los titulares de estas instituciones es cuando más se debe hacer sentir la presión de los ciudadanos organizados.
El escrutinio público de los nominados y la responsabilidad de los legisladores no generará ciudadanía espontáneamente, como por arte de magia. Todo lo contrario. Necesitamos alzar la voz, actuar coordinadamente y, sobre todo, recordarles a nuestros representantes que la factura eventualmente llegará. Hoy más que nunca necesitamos tomar partido y entrar a los debates con nombres y apellidos. En el pasado, en circunstancias aún más adversas, lo hemos logrado. Sólo nuestra indiferencia impide que volvamos a lograrlo en el futuro.
*Javier Martín Reyes, politólogo por el CIDE y estudiante de derecho en la UNAM. Miembro de Participando por México y de la Conferencia Mariano Otero.
Participando por México (PxM) es una asociación civil que busca una transformación en los valores de la sociedad y la cultura de la participación democrática para transitar a una democracia más justa, donde cada ciudadano pueda mejorar su calidad de vida libremente, con sus propios medios y en armonía con la sociedad.
Javier Martín Reyes / PxM.*
En recientes artículos publicados en este espacio, Estephanie Chaidez, Luis Andrés Giménez Cacho y Emiliano Rosales llaman a hacer frente a uno de los grandes pendientes de democracia mexicana: la construcción de una ciudadanía activa y participativa. Con diferentes matices, en estos tres textos se nos invita a dar paso adelante que nos permita ir más allá de las reglas e instituciones de la democracia formal. Sus ideas son sencillas pero poderosas: hacer que los ciudadanos se entiendan como responsables de su bienestar, incrementar la rendición de cuentas y poner al ciudadano en el centro de la política. Aunque comparto muchas de las ideas expuestas por estos autores, en este artículo quisiera abordar otro elemento esencial para la consolidación de nuestra democracia: la defensa ciudadana de las instituciones que nos hemos dado para garantizar nuestros derechos.
Es cierto que se ha repetido (a veces hasta el cansancio) que uno de los grandes logros democráticos ha sido la construcción de instituciones autónomas. Sin embargo, los recientes nombramientos en muchas de estas instituciones—que antes veíamos como orgullo de la transición—nos recuerdan que, en la defensa de los derechos, no avanzar significa un retroceso. Pareciere que se nos ha olvidado que las instituciones de la democracia no han sido concesiones graciosas del poder y que, por tanto, su conservación tampoco lo será. También parece que hemos olvidado que las instituciones no son maquinarias ajenas a quienes las integran y conducen.
O nos hemos equivocado de camino o no hemos hecho lo necesario como ciudadanía organizada. El hecho es que no hemos construido un contexto de exigencia pública lo suficientemente fuerte para evitar que impere la lógica de las cuotas partidistas en el nombramiento de los titulares de instituciones tan importantes como CONAPRED, el IFAI y la CNDH. Las (tristes) consecuencias están a la vista.
Calderón decidió colocar al frente de la CONAPRED a Perla Bustamante, una atleta que carece de cualquier mérito o trayectoria en la lucha contra la discriminación. Entre otras cosas, la señora Bustamante piensa que los crímenes de odio son “por noviazgos que terminan mal” y la discriminación se da porque “la gente se viste en fachas.” El Presidente nombró y el Senado decidió no objetar a Sigrid Artz como comisionada del IFAI. Con una experiencia prácticamente nula en materia de transparencia, Artz proviene, paradójicamente, de una de las áreas más opacas de la administración pública—seguridad nacional—y parece no tener mayor mérito que pertenecer al círculo de leales al presidente Calderón. Hace sólo unas cuantas semanas los senadores del PAN y PRI nombraron a Raúl Plascencia como Presidente de la CNDH. Con esta decisión, los legisladores avalaron y, de alguna manera, extendieron la lamentable gestión José Luis Soberanes al frente de la comisión.
El siguiente paso—tan lamentablemente predecible como indeseable—de esta tendencia sería el nombramiento de Jorge Adame Goddard como ministro de la SCJN. Miguel Ángel Granados Chapa ayer recuperaba algunas citas que muestran el conservadurismo de quien muy probablemente ocupe el lugar del aún ministro Góngora Pimentel. Además de soñar sistemas políticos sin diputados, senadores o partidos políticos, al nominado a la SCJN le parece horrible la idea de un estado laico, respetuoso de todas las religiones. En un artículo publicado hace dos años, el Dr. Adame Goddard responde negativamente a una pregunta que él mismo se formula: ¿es deseable un estado laico para un pueblo religioso? En sus palabras, “no es deseable un Estado, llámese laico o neutral, que aunque no obstaculice la vida religiosa del pueblo se desentienda de ella, como si pudiera decidir que el bien religioso, que el pueblo vive y quiere, es irrelevante.”[1] Creo que no hay mucho que añadir.
Ante la inminencia de los nombramientos, naturalmente surge una pregunta: ¿qué hacer para que los mejores ocupen los puestos (o, al menos, para que los peores no sean los elegidos)? Y la respuesta suele ser algo así como: “no mucho, sólo esperar a que nuestros representantes actúen con responsabilidad, anteponiendo el interés general sobre el particular.” Me parece que en este tipo de respuestas radica nuestra debilidad como ciudadanía. Olvidamos que la esencia de la participación ciudadana es influir y modelar el comportamiento de las instituciones del Estado; y en el momento que se nombrara a los titulares de estas instituciones es cuando más se debe hacer sentir la presión de los ciudadanos organizados.
El escrutinio público de los nominados y la responsabilidad de los legisladores no generará ciudadanía espontáneamente, como por arte de magia. Todo lo contrario. Necesitamos alzar la voz, actuar coordinadamente y, sobre todo, recordarles a nuestros representantes que la factura eventualmente llegará. Hoy más que nunca necesitamos tomar partido y entrar a los debates con nombres y apellidos. En el pasado, en circunstancias aún más adversas, lo hemos logrado. Sólo nuestra indiferencia impide que volvamos a lograrlo en el futuro.
*Javier Martín Reyes, politólogo por el CIDE y estudiante de derecho en la UNAM. Miembro de Participando por México y de la Conferencia Mariano Otero.
Participando por México (PxM) es una asociación civil que busca una transformación en los valores de la sociedad y la cultura de la participación democrática para transitar a una democracia más justa, donde cada ciudadano pueda mejorar su calidad de vida libremente, con sus propios medios y en armonía con la sociedad.
Javier Martín Reyes
http://www.pxm.org.mx/
Este artículo fué publicado en CEINPOL: El Poder de las Ideas
http://www.centrodeinteligenciapolitica.com/
http://www.pxm.org.mx/
Este artículo fué publicado en CEINPOL: El Poder de las Ideas
http://www.centrodeinteligenciapolitica.com/
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